Fallas operativas afectaron el derecho al voto, generando implicancias constitucionales. Hay una necesidad de reforzar garantías y evitar irregularidades que comprometan la legitimidad del proceso electoral.
Por Orlando Vignolo. 24 abril, 2026. Publicado en ExpresoLas recientes elecciones generales en el Perú han evidenciado una situación inédita en el sistema electoral, marcada por la falta de apertura de mesas de votación y la consecuente afectación del derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Este escenario no solo plantea un problema operativo, sino también importantes implicancias jurídicas y constitucionales.
La uniformidad del proceso electoral, entendida como la secuencia ordenada de etapas desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados, constituye un instrumento clave para garantizar la preclusión; es decir, el cierre progresivo de cada fase. Sin embargo, en estas elecciones, dicha lógica se vio alterada en Lima, debido a que un número significativo de mesas no se instaló oportunamente.
En ese contexto, la medida de habilitar la votación en días posteriores para los electores de las mesas no instaladas puede entenderse como parte del mismo proceso electoral, siempre que se respete el marco de la convocatoria inicial. Con esta decisión, se buscó salvaguardar el derecho fundamental de elegir y ser elegido, evitando una mayor vulneración de derechos.
No obstante, resulta cuestionable que no se haya suspendido la difusión de resultados preliminares. Se debió dar una orden general para evitar cualquier tipo de sondeo o boca de urna, puesto que ello vulnera el principio de silencio electoral y puede afectar la libertad de voto. Aun así, este error puede considerarse menor frente a la necesidad de garantizar el derecho al sufragio.
Las irregularidades registradas no deben ser minimizadas. El número de votantes afectados podría tener un impacto directo en los resultados de estas elecciones, especialmente considerando el estrecho margen de diferencia entre los candidatos. En ese sentido, los procesos electorales deben desarrollarse con absoluta pulcritud. No es aceptable sostener que se trata de una irregularidad sin mayor consecuencia.
Si bien pueden presentarse problemas en la entrega de materiales, en el transporte o en otros elementos del proceso, lo que no puede ocurrir es que el Estado permanezca inactivo por un periodo prolongado frente a estas situaciones. Asimismo, impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto no solo representa una falla operativa, sino también una vulneración a sus derechos constitucionales, al desconocer su capacidad de expresar su opinión respecto a quienes los gobernarán.
Finalmente, estos hechos no justifican la nulidad de las elecciones en determinadas mesas. Sin embargo, se pudo evaluar una extensión del horario de votación para mitigar los efectos de la demora. Lo ocurrido deja lecciones importantes. No se puede asumir que el voto de los ciudadanos es prescindible. Por el contrario, es necesario fortalecer las garantías del proceso electoral y evitar que fallas operativas vuelvan a afectar el ejercicio de un derecho fundamental.
